La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, número 134/2024, del 23 de mayo, establece un precedente importante en relación con la obligación de las aseguradoras de indemnizar en caso de accidente, incluso si el tomador del seguro ha dejado de pagar la prima. Este fallo resalta que el impago de la prima no automáticamente cancela la cobertura del seguro, a menos que la aseguradora haya notificado adecuadamente al asegurado sobre la resolución del contrato.
En el caso en cuestión, el Consorcio de Compensación de Seguros había asumido la obligación de indemnizar inicialmente, pero rápidamente cuestionó su responsabilidad al creer erróneamente que el vehículo no contaba con un seguro por el impago de la prima. Sin embargo, como se determinó, la aseguradora no pudo demostrar que había informado correctamente al propietario del vehículo sobre la pérdida de vigencia del seguro, lo que implica que, a efectos legales, el contrato seguía vigente en el momento del siniestro.
La sentencia subraya que la baja del seguro fue comunicada a los dos meses y medio del accidente, lo que reafirma la idea de que, frente a terceros, el vehículo estaba asegurado durante el incidente. Por lo tanto, la aseguradora está obligada a indemnizar, ya que no se presentó prueba suficiente de la comunicación de la resolución del contrato.
Además, el fallo recuerda la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2015, que señala que el impago de la prima no exime automáticamente a la aseguradora de indemnizar a los perjudicados. Es esencial que exista una notificación formal y comprobable al tomador del seguro sobre la resolución del contrato para que la aseguradora pueda liberarse de sus obligaciones.
Este fallo pone de relieve la importancia de la comunicación clara entre las aseguradoras y los asegurados, y establece que la falta de pago no puede ser utilizada como una excusa para evadir la responsabilidad frente a terceros implicados en un accidente. Así, se refuerza el derecho de las víctimas a recibir indemnización, asegurando que las aseguradoras actúen de manera responsable y conforme a las normativas en vigor.
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